El presidente de Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Alberto Giménez, ha solicitado hoy que se reduzca el Impuesto del Valor Añadido (IVA) al 4% para el sector de la dependencia, con el objetivo de trasladar el ahorro al usuario y agilizar la implantación de la Ley.
La petición de la patronal autonómica de implantar el IVA superreducido tiene como finalidad reducir los costes de las plazas orientadas a las personas en situación de dependencia, con el compromiso de trasladar el ahorro al usuario final, según ha avanzado Giménez, que ha añadido que la propuesta forma parte de un estudio de medidas económicas que podrían favorecer la implantación de la Ley y facilitar la financiación de las prestaciones sociosanitaras a los dependientes.
Para el presidente de la patronal autonómica, en un momento de recesión hay que estimular la inversión y el consumo y no parece el mejor camino la subida de impuestos, cuestión en la que coinciden todos los partidos políticos cuando hablan del sector de la Dependencia. “Esta coincidencia debería obligar en el trámite parlamentario a incluir los servicios de la dependencia al tipo superreducido, es decir el único tipo que no sufre aumento por considerarse bienes de primera necesidad”, en palabras de Alberto Giménez.
Por ello, el representante empresarial ha incidido en que el Gobierno y el propio Partido Socialista deberían corregir en el trámite parlamentario el incremento de IVA inicial por coherencia con su propio discurso, ya que al justificar el incremento de impuestos contenidos en los presupuestos presentados excluyen aquellos que graven bienes o servicios que se consideren de primera necesidad.
Y, en este sentido, Giménez hs manifestado que “nadie puede discutir que atender a un gran dependiente ó dependiente severo en sus necesidades vitales es un bien de primera necesidad”, por lo que “resultaría profundamente insolidario aumentar los impuestos que gravan estos servicios”.
Además, Alberto Giménez ha destacado que la mayoría de los grupos parlamentarios aceptarían esta enmienda “sin lugar a dudas”, ya que, de una o otra forma, “vienen insistiendo en la necesidad de incluir los servicios de la Dependencia en el tipo superreducido”.
Y, por tanto, no existe obstáculo alguno para que estos partidos acepten una reducción del IVA, coincidiendo además como coincide la rebaja de impuestos con sus propias políticas y recetas fiscales para salir de la crisis, según el presidente de Aerte.
Además, Giménez ha insistido en que la solicitud de un IVA superreducido para el sector tiene un “claro encaje legal”, concretamente en las directivas de la Comisión Europea, en las que se establece que los estados miembros podrán aplicar un tipo de IVA reducido a los servicios que son realmente intensivos en mano de obra, los prestados directamente a los consumidores finales, los que utilizan mano de procedencia local, especialmente personal femenino.
No podemos olvidar que la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, prevé atender para el año 2010 a 1,246.428 personas de las cuales serán atendidas en recursos formales -Residencias, Centros de Día, Ayuda a Domicilio- a 886.050 personas. Para dar servicio a éste número de personas será preciso disponer de 352.235 personas empleadas de forma estable y no deslocalizable, según Giménez, que ha añadido que en éstos servicios la ratio de personal puede llegar a alcanzar el 0,80 por cada persona atendida.
“Estamos, por tanto, ante un sector de generación de empleo de forma intensiva y directa, que produce importantes retornos económicos al Estado no sólo reduciendo desempleo sino aumentando cotizaciones sociales”, según el presidente de Aerte, que ha matizado que el efecto sobre el empleo se ampliaría si, junto al empleo directo, estimásemos un empleo inducido en construcción, adaptación y equipamiento de recursos y un empleo indirecto en proveedores de centros y servicios.
Del mismo modo, Alberto Giménez ha comentado que el servicio de las empresas del sector de la dependencia se presta al usuario final, es decir, se beneficia directamente de la rebaja del impuesto al usuario, ya que no hay intermediario.
El sector de la dependencia está muy regulado y sus precios son fijados en su gran mayoría por la propia Administración al conveniar las plazas con el sector privado, por lo que el mercado se encuentre muy condicionado, lo que asegura el traslado de la reducción de costes al precio final del servicio se encuentre éste subvencionado o no, tal y como ha explicado Giménez.
Finalmente, el presidente de Aerte ha recordado que el sector de la dependencia en su conjunto presta importantes servicios sanitarios a través de sus médicos, enfermeras y personal auxiliar y, por tanto, “parece lógico que éstos servicios “no sólo deberían estar exentos de IVA, sino que suponen una alivio al sistema sanitario, lo que vuelve a dotar a nuestro sector de un carácter estratégico a considerar e impulsar”.
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